EL HUSMEADOR
¡No más chantajes en el transporte! La lucha por la movilidad en Toluca y el Edomex
En Toluca, la capital del Estado de México, los concesionarios del transporte público volvieron a mostrar su músculo el pasado 1 de septiembre de 2025, al amenazar con un paro total y bloqueos en los principales accesos de la ciudad. Su exigencia: un aumento de hasta cuatro pesos en la tarifa mínima, que pasaría de 12 a 16 pesos, argumentando el alza en los costos operativos, como combustibles y refacciones, y la falta de actualización tarifaria desde 2020. Este movimiento, que coincidía con el regreso a clases, prometía colapsar la movilidad de miles de estudiantes, trabajadores y ciudadanos en general. Sin embargo, a última hora, los transportistas suspendieron la protesta tras acordar una mesa de diálogo con las autoridades estatales, un respiro temporal para los toluqueños, pero no una solución definitiva.
- El contexto estatal
- Un sistema al borde del colapso
- Los abusos de los concesionarios
El conflicto en Toluca no es un caso aislado, sino un reflejo de una problemática estructural que afecta a los 125 municipios del Estado de México. Los concesionarios, organizados en poderosos gremios, han utilizado históricamente tácticas de presión como paros y bloqueos para imponer sus demandas, afectando directamente a la ciudadanía. En redes sociales, la indignación es palpable. Usuarios como @QuePocaMadre_Mx han denunciado el mal estado del servicio y los abusos de los transportistas, como circular en sentido contrario o prestar un servicio deficiente, mientras exigen más dinero. Por otro lado, colectivos como “¡No al Tarifazo!” han organizado protestas, como el tendedero ciudadano en Los Portales de Toluca, para rechazar el incremento, argumentando que es un golpe directo a la economía familiar y que los concesionarios no garantizan un servicio digno.
En el Estado de México, el transporte público es un pilar fundamental para la movilidad de millones de personas que realizan más de un millón de viajes diarios solo en el Valle de Toluca. Sin embargo, el sistema está plagado de problemas: unidades obsoletas, transporte irregular que representa entre el 60% y el 80% de las unidades en circulación, falta de seguridad para pasajeros y operadores, y una regulación deficiente por parte de la Secretaría de Movilidad (Semov). Los transportistas argumentan que las tarifas actuales no cubren los costos operativos, pero los usuarios señalan que el servicio es inseguro, ineficiente y carece de modernización. Un estudio del Instituto Politécnico Nacional sugirió un aumento de solo un peso, pero los concesionarios lo rechazan, exigiendo un análisis regional que contemple sus condiciones específicas.
En otros municipios, como Ecatepec, Naucalpan o Nezahualcóyotl, la situación no es muy diferente. Aunque los transportistas del Valle de México no se sumaron al paro de Toluca, gracias a subsidios estatales, la amenaza de movilizaciones persiste. La proliferación de transporte irregular, la falta de paraderos adecuados y la inseguridad en las unidades son quejas recurrentes en todo el estado. Además, las autoridades han sido criticadas por su falta de respuesta oportuna. Como señaló Odilón López Nava, delegado de la Canapat, las reuniones con la Semov suelen ser atendidas por personal sin capacidad de decisión, lo que agrava la desconfianza.
Los concesionarios no solo exigen aumentos tarifarios, sino que han sido señalados por prácticas que perjudican a los usuarios. En redes sociales, se reportan abusos como el cobro de tarifas excesivas, agresiones a pasajeros y competencia desleal con el transporte irregular, que ellos mismos critican, pero no combaten efectivamente. La ciudadanía, harta, reclama un servicio de calidad que justifique cualquier ajuste. “Sí que le suban, pero que no lo suban tanto”, comentan usuarios en redes sociales, reflejando el sentimiento de quienes ven el aumento como inevitable, pero exigen mejoras reales.
El chantaje de los paros y bloqueos, como el planeado en Toluca, no es nuevo. Cada año, los transportistas recurren a estas tácticas, afectando a los más vulnerables: estudiantes, trabajadores y familias de bajos ingresos que dependen del transporte público. Esta dinámica pone en evidencia un sistema de transporte concesionado que opera con poca transparencia, escasa rendición de cuentas y una relación de poder desbalanceada entre los concesionarios, las autoridades y los usuarios.
Una llamada a la acción para la gobernadora Delfina Gómez, la suspensión del paro en Toluca es solo un parche temporal. La ciudadanía del Estado de México merece un sistema de transporte público digno, seguro y eficiente, no un modelo que se sostiene a base de presiones y negociaciones opacas. Es imperativo que su administración diseñe un plan integral a mediano plazo que aborde las raíces de esta crisis
Gobernadora, el transporte público no puede seguir siendo un campo de batalla entre concesionarios y autoridades, con los ciudadanos como rehenes. Es momento de liderar una transformación que priorice el bienestar de los mexiquenses y ponga fin a los chantajes. La movilidad es un derecho, no un privilegio.
