Una de las mayores consultoras ha llevado la guerra contra el teletrabajo al extremo: un "semáforo" para controlar
La consultora multinacional PricewaterhouseCoopers (PwC) decidió hace poco menos de un año que la era del 100% del teletrabajo se había acabado. Se unió así a las decisiones que habían adoptado compañías competidores como EY.
Lo llamativo del movimiento fueron sus condiciones: geolocalizaría a sus teletrabajadores para controlar que iban a la oficina el 60% de la jornada, la cantidad mínima que ahora exigía (tras haber pedido un 40% hasta ese momento). Ahora, gracias al Financial Times sabemos cómo están llevando a la práctica el control en sus oficinas de Reino Unido.
Semáforos. Las medidas de PwC no solo no han caído en saco roto, sino que se han intensificado. Desde abril, la compañía está registrando en un panel de control la asistencia y si pasan en la oficina los tres días que exige a la semana. Para controlar el cumplimiento de forma más visual, la compañía ha instaurado un indicador basado en los colores de semáforo.
Aquellos empleados que cumplen tienen un «verde» en su estado. El perfil de los que baja del 60% presenta un ámbar, y los que caen del 40% tienen un rojo. Además de los propios trabajadores, tienen acceso a este semáforo los supervisores, los jefes de unidades de negocios y los directores.
Control exhaustivo. Para verificar que los empleados acuden a las oficinas (o a encuentros con clientes, fuera de ellas), la compañía está llevando a cabo una monitorización de la ubicación de las conexiones WiFi de los portátiles. Los datos que se recaban siguiendo este control se cruzan con la asistencia o ausencia indicada en Workday, el software empleado para cuestiones de recursos humanos, y en las hojas de control de personal. Además del WiFi, PwC también lleva control de cuándo los empleados pasan sus tarjetas a modo de fichaje para entrar y salir de las oficinas.
Políticas contra el viejo truco. La verificación de asistencia basada en los fichajes de entrada y salida es algo que han llevado a cabo muchas compañías. Aquellos empleados que han querido tratar de saltarse ese control hacían algo sencillo, según un estudio: el 58% de los trabajadores empleados bajo un sistema de trabajo híbrido iban a la oficina, fichaban y luego se iban.
Amazon ya puso fin a esta picaresca estableciendo un tiempo mínimo a pasar en la oficina. EY también reforzó sus políticas de acceso con tornos al comprobar que el 50% de algunos equipos incumplían las exigencias de asistencia a sus instalaciones. El control con base en conexiones WiFi es el broche a estas políticas.
Consecuencias. La pregunta es qué ocurre con los empleados que tengan un rojo o ámbar en su semáforo. Y la guía interna para empleados a la que ha accedido el Financial Times es clara: se enfrentan a sanciones formales y a una reducción de su rendimiento en las evaluaciones, donde se juegan bonificaciones extra a su salario base. Esa misma guía contempla excepciones o permisos especiales por motivos familiares o de enfermedad.
Reacciones de los empleados. Los trabajadores de PwC se están quejando tanto por este escrutinio que un trabajador de rango alto ha contado al Financial Times que ha perdido la cuenta de cuántas quejas ha recibido. Los empleados están inquietos sobre los métodos de rastreo, y buscan más transparencia desde que la presión por cumplir subió. Va en la línea de las reacciones de los empleados mejor cualificados en empresas del S&P 500: rotación disparada por imponer presencialidad. Según un estudio de McKinsey, volver a la oficina no basta para mejorar la productividad.
Un portavoz de la compañía afirmó que el panel de control «garantiza que nuestra gente tenga fácil acceso a sus datos de asistencia, para que puedan administrar y planificar su tiempo de una manera que funcione para ellos, nuestros equipos y nuestros clientes».
La paradoja. Las ‘Big Four’ se han puesto serias con la vuelta a la oficina, pero siempre han estado en el punto de mira de la gestión de horas extra, y Trabajo les multó en España por haber carecido de registro horario (obligatorio por ley desde 2019) y por exceso de jornada. La macroinspección acabó con, al menos 1,4 millones de euros que debían abonar por diferentes circunstancias en concepto de cuotas a la Seguridad Social.
Imagen | Flickr (Raul Muñoz) y Carlos Alberto Gómez Iñiguez en Unsplash
