Estado de México

«Opacidad y Susurros de Corrupción: Las Licitaciones en la Sombra del Edomex»

 Licitaciones Oscuras: La 4T en el EDOMËX bajo Escrutinio

Redacción

Toluca, Estado de México, 28 de julio de 2025.- El gobierno de Delfina Gómez, que asumió la gubernatura del Estado de México en 2023 bajo los principios de la Cuarta Transformación (4T), enfrenta crecientes cuestionamientos por la opacidad en los procesos de compras y licitaciones gestionados por la Oficialía Mayor. A dos años de su administración, las quejas no oficiales sobre presuntos abusos en licitaciones públicas, particularmente en la compra de medicamentos y la construcción de hospitales, han generado un manto de desconfianza. La aparente inacción de la Secretaría de la Contraloría y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) refuerza la percepción de un gobierno que no cumple con su promesa de transparencia.

La Oficialía Mayor, encabezada María Trinidad Franco Arpero, actual Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México, nombrada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para administrar los recursos materiales y las licitaciones del gobierno estatal, conjuntamente con Mario Alberto Rodríguez Martell el director general de Recursos Materiales, este último un puesto clave para supervisar las adquisiciones y contrataciones. Ambos organismos han sido señalados por medios y   ciudadanos por la falta de claridad en los procesos de licitación. Aunque no se han presentado denuncias formales específicas ante órganos fiscalizadores, las críticas en redes sociales y reportes periodísticos apuntan a posibles irregularidades, como adjudicaciones directas sin justificación, sobrecostos y favoritismos hacia empresas con presuntos vínculos políticos. El sector de la salud, especialmente la compra de medicamentos, ha sido uno de los más cuestionados. Inspirado en el modelo federal de la Megafarmacia del Bienestar, el gobierno de Gómez Álvarez ha impulsado compras consolidadas para abastecer hospitales y clínicas. Sin embargo, reportes recientes han señalado problemas similares a los detectados a nivel federal, donde una licitación de medicamentos fue declarada nula en abril de 2025 por sobrecostos de 13,000 millones de pesos y otras anomalías. En el Estado de México, aunque no hay auditorías públicas que detallan irregularidades específicas, las quejas no oficiales sugieren que los contratos para medicamentos se han otorgado a empresas con poca experiencia o conexiones con funcionarios de Morena, alimentando sospechas de opacidad. La construcción de hospitales, un pilar del discurso de la 4T en el Edomex, también enfrenta críticas. Proyectos para ampliar la infraestructura hospitalaria han sido señalados por retrasos, sobrecostos y licitaciones poco transparentes. Las quejas en redes sociales destacan que algunas obras muestran avances mínimos a pesar de los recursos asignados, y la falta de información sobre los criterios de selección de las empresas contratadas refuerza la percepción de manejos turbios. Estas acusaciones, aunque no formalizadas, han generado un descontento creciente entre la ciudadanía. La Secretaría de la Contraloría, encabezada por Hilda Salazar Gil y el OSFEM, dirigido por Liliana Dávalos Ham, han sido criticados por su aparente pasividad ante estas irregularidades. Aunque Delfina Gómez ha presumido la sanción de 3,000 servidores públicos por actos de corrupción, no se han reportado investigaciones específicas contra funcionarios de la Oficialía Mayor o la Dirección General de Recursos Materiales por irregularidades en licitaciones. El OSFEM ha exhortado a los municipios a mejorar la transparencia, pero no ha publicado informes detallados sobre las licitaciones estatales, lo que alimenta la percepción de una fiscalización débil. La oposición, liderada por el PAN y el PRI, ha aprovechado estas críticas para acusar al gobierno de Gómez de replicar los vicios que la 4T prometió erradicar. Mientras el discurso oficial de honestidad y austeridad se mantiene, las quejas no oficiales sobre abusos en licitaciones y la falta de acción de los órganos fiscalizadores erosionan la credibilidad de la administración. La ciudadanía, que esperaba un cambio profundo, observa con escepticismo un gobierno que parece incapaz de alinear sus acciones con sus promesas. El gobierno de Delfina Gómez tiene un desafío urgente: transparentar los procesos de licitación y garantizar que la Contraloría y el OSFEM actúen con firmeza. De no hacerlo, la 4T en el Edomex corre el riesgo de ser vista como una continuación de las prácticas opacas del pasado, traicionando el mandato de transformación que la llevó al poder.

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