México bajo presión: La libertad de expresión en jaque ante la Cuarta Transformación
La libertad de expresión en México atraviesa una crisis profunda, marcada por un aumento alarmante de agresiones contra periodistas, acoso judicial a medios y ciudadanos, y un entorno de creciente censura impulsado por actores políticos vinculados a la Cuarta Transformación (4T). Durante los últimos cinco años, el país ha consolidado su posición como uno de los más peligrosos para el periodismo fuera de zonas de guerra, con 639 agresiones documentadas solo en 2024, según ARTICLE 19, equivalente a un ataque cada 14 horas. Estas agresiones, que incluyen asesinatos, amenazas, hostigamiento y procesos judiciales, reflejan un deterioro sistemático del derecho a la información y la libertad de prensa, afectando tanto a profesionales de los medios como a ciudadanos que expresan sus opiniones en redes sociales.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el discurso oficial desde las conferencias matutinas, conocidas como «mañaneras», marcó un precedente de estigmatización contra la prensa. Según un análisis de ARTICLE 19, López Obrador atacó verbalmente a periodistas en cerca de 3,000 ocasiones en cinco años, generando un clima de hostilidad que ha trascendido a las administraciones locales y al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Las agresiones más comunes incluyen intimidación, hostigamiento, amenazas físicas y digitales, y el uso ilegítimo del poder público, con el Estado como principal agresor en el 44.91% de los casos registrados en 2024.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012, ha sido insuficiente para garantizar la seguridad de los comunicadores. Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reportaron que, entre 2018 y 2024, ocho periodistas inscritos en el Mecanismo fueron asesinados, evidenciando fallas estructurales en su implementación.
Casos emblemáticos de represión:
Karla Estrella y el caso “Dato Protegido”
Karla Estrella, una simple ciudadana ama de casa, fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras publicar críticas en redes sociales contra una diputada local de Morena, conocida como “Dato Protegido” por anonimato judicial. La acusaron de “violencia política de género”, obligándola a ofrecer disculpas públicas en X durante 30 días. Este caso, denunciado por medios como SinEmbargo, refleja un uso indebido de la legislación de género para castigar la crítica ciudadana. Estrella, una ama de casa, se convirtió en símbolo de la persecución contra quienes expresan opiniones disidentes en redes sociales, en un contexto donde leyes como el artículo 480 de Puebla, sobre “ciberasedio”, amenazan con criminalizar comentarios que “incomoden” a funcionarios.
Héctor de Mauleón y la censura en Tamaulipas
El periodista Héctor de Mauleón, columnista de El Universal, enfrentó una denuncia por “violencia política de género” en 2024 tras publicar un reportaje sobre presuntas redes de huachicol vinculadas al entorno familiar de Tania Contreras López, próxima presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas. La demanda exigía retirar la columna, en lo que De Mauleón calificó como un intento de censura. En entrevista con El Clarinete, afirmó: “La censura se está explotando por todas partes contra periodistas, medios y ciudadanos que han hecho comentarios en redes sociales. Este régimen muestra intolerancia, persecución y represión”. Este caso, junto con otros en Veracruz y Tlaxcala, evidencia un patrón de acoso judicial para silenciar investigaciones sobre corrupción.
Jorge Luis González y Tribuna en Campeche
En Campeche, el periodista Jorge Luis González Valdez, de 71 años y exdirector del medio digital Tribuna, enfrenta una persecución judicial orquestada por la gobernadora Layda Sansores. En junio de 2025, una jueza lo vinculó a proceso por “incitación al odio” tras publicaciones anónimas en Tribuna que criticaban a Sansores, a pesar de que González se jubiló en 2017 y no es responsable editorial. Inicialmente, se le prohibió ejercer el periodismo por dos años y se ordenó el cierre de Tribuna. Aunque un tribunal federal revocó estas medidas por ser “excesivas”, en julio de 2025, la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May impuso nuevas restricciones, incluyendo un “censor judicial” que debe aprobar cualquier contenido relacionado con Sansores antes de su publicación. González también enfrenta una demanda civil por 2 millones de pesos por “daño moral” al vocero estatal, con amenaza de embargo de su vivienda. Organizaciones como ARTICLE 19 y la Alianza de Medios Mx han condenado estas medidas como una violación grave a la libertad de prensa, comparándolas con el delito de lesa majestad.
Otros, casos como el de Rubén Pat, asesinado en 2018 en Playa del Carmen, Quintana Roo, tras recibir amenazas y un «botón de pánico» ineficaz, y Alberto Amaro Jordán, periodista de Tlaxcala que ha enfrentado agresiones físicas, detenciones y disparos contra su hogar, destacan la vulnerabilidad de quienes informan sobre corrupción y narcotráfico. En los últimos cinco años, México ha registrado al menos 30 asesinatos de periodistas, muchos vinculados a su labor informativa.
Algunos otros casos destacados:
Moisés Sánchez (2015, pero con impacto en el periodo analizado): Secuestrado y asesinado en Veracruz tras cubrir temas de corrupción. Su caso, ocurrido durante el gobierno de Javier Duarte, refleja la impunidad persistente, con más de 203 agresiones contra periodistas en ese estado entre 2010 y 2016.
Nelson Matus (2023): Asesinado en Acapulco, Guerrero, tras reportar sobre violencia local. Su muerte es parte de los cinco asesinatos documentados por ARTICLE 19 en 2023, todos con presuntos nexos con el crimen organizado.
Mauricio Cruz Solís (2024): Asesinado en Uruapan, Michoacán, tras entrevistar al presidente municipal. Su caso, junto con el de Patricia Ramírez González, asesinada en Colima en octubre de 2024, evidencia la continuidad de la violencia en el nuevo sexenio.
Juan Carlos Hinojosa Viveros (2023): Desaparecido en Nanchital, Veracruz, sin que se haya esclarecido su paradero, sumándose a las más de 20 desapariciones de periodistas desde 2000.
Además, el acoso judicial se ha consolidado como una herramienta de censura. En 2023, ARTICLE 19 documentó 22 procesos judiciales contra periodistas, un promedio de 1.8 al mes, muchos bajo el pretexto de «violencia política de género» o «difamación». Un caso notable es el de Ángel Camarillo, sancionado en 2024 por el Tribunal Electoral de Veracruz con una multa, retiro de su reportaje y una disculpa pública por investigar vínculos entre funcionarios y candidatos.
Como ya vimos, la represión no se limita a los periodistas. Ciudadanos que expresan críticas en redes sociales enfrentan ahora sanciones legales y administrativas, especialmente desde 2024, en un contexto electoral marcado por la polarización. En Puebla, la aprobación del artículo 480 sobre «ciberasedio» en 2025 ha generado preocupación, ya que castiga con prisión expresiones que «incomoden» a políticos, abriendo la puerta a la censura de opiniones en línea. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha criticado esta legislación por su ambigüedad y potencial para restringir la libertad de expresión.
Un caso paradigmático es el de Dora Martínez Valero, conocida como «Dora la transformadora», quien denunció a ciudadanos por supuesta «violencia política de género» tras críticas en redes sociales. Aunque negó haber denunciado a la actriz Sandra Wilkins, esta última enfrenta un proceso ante el Tribunal Electoral federal por sus publicaciones en X. Otro ejemplo es el de Miguel Meza, fundador de la plataforma Defensorxs, denunciado por «violencia política» tras escrutar elecciones judiciales, a pesar de que dicho delito no existe legalmente para hombres. Estas acciones reflejan un uso indebido de figuras legales para silenciar voces disidentes.
Los medios de comunicación también han sido blanco de ataques. Durante el gobierno de López Obrador, medios como Reforma y LatinUS enfrentaron críticas por publicar información sensible, como el domicilio del exmandatario en una narcomanta, lo que fue calificado como «falta de ética» por el Ejecutivo. En 2024, el hackeo a la base de datos de periodistas acreditados en las «mañaneras» expuso datos personales, incrementando su vulnerabilidad.
En redes sociales, la desinformación y el uso de bots para atacar a medios y periodistas han sido recurrentes. ARTICLE 19 reportó que, en 2024, una de cada cinco agresiones contra la prensa ocurrió en línea, incluyendo campañas de desprestigio y amenazas. La aprobación de reformas como la Ley de Seguridad Pública en 2024, que crea una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil, ha generado temores sobre la vigilancia masiva y la restricción de la privacidad, afectando tanto a periodistas como a ciudadanos.
Bajo la 4T, el discurso oficial ha estigmatizado a la prensa crítica, acusándola de desinformar o ser «adversaria». Secciones como «El detector de mentiras» en las conferencias matutinas han contribuido a deslegitimar el trabajo periodístico, según ARTICLE 19. Aunque el gobierno de Sheinbaum ha prometido un enfoque más conciliador, los asesinatos de periodistas en los primeros meses de su administración y la continuidad de leyes restrictivas sugieren que la violencia y la censura persisten.
Organizaciones como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH han instado al Estado mexicano a investigar con diligencia los crímenes contra periodistas y a sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales. Sin embargo, la impunidad sigue siendo un obstáculo: en 2024, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) solo atrajo 84 investigaciones de 639 agresiones documentadas.
La situación actual exige medidas urgentes para garantizar la libertad de expresión en México. Organizaciones como Amnistía Internacional y la UNESCO recomiendan fortalecer el Mecanismo de Protección, combatir la impunidad, y revisar leyes que puedan ser usadas para censurar. La sociedad civil, por su parte, ha alzado la voz en redes sociales, denunciando que la censura se está normalizando bajo pretextos como el «lenguaje correcto» o la «violencia política».
En un país donde informar y opinar se han convertido en actos de valentía, la defensa de la libertad de expresión es crucial para preservar la democracia. Mientras México enfrenta esta encrucijada, la pregunta sigue siendo si el nuevo gobierno optará por el cambio o la continuidad de un sistema que silencia a sus voces más críticas. Ya veremos por el momento a disfrutar solamente, “Periodismo del Bienestar”.
