* Las comisiones legislativas del Congreso mexiquense analizan tres iniciativas y un punto de acuerdo para agravar penas y mejorar las estrategias para atender a víctimas y combatir este delito.
El tema es prioritario para las, le y los legisladores: diputado Francisco Vázquez. Ante el aumento de denuncias por despojo de inmuebles, en el Congreso mexiquense se analizan tres iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de morena y MC para agravar penas, y un punto de acuerdo del PRI.
En comisiones, diputadas, diputade y diputados han coincidido en la urgencia de proteger los bienes patrimoniales de la población.
Al respecto, el parlamentario José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura mexiquense, señaló que ya trabajan en propuestas que fortalezcan los mecanismos legales de defensa de la propiedad y advirtió la necesidad de que la ciudadanía tenga sus papeles en regla para que pueda denunciar esos ilícitos.
También recordó que el despojo ya está tipificado en el Código Penal (con penas de uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días multa), pero que, ante el incremento en el número de casos, es necesario mejorar el marco legal y facilitar que se denuncie y se sancione.
Las iniciativas sobre este tema, añadió el también coordinador de la bancada de morena, podrían analizarse en un periodo extraordinario, pues hay consenso, entre la mayoría de los grupos parlamentarios, en que este tema es prioritario.Sobre las propuestas que se encuentran en análisis, cabe señalar que el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) propuso que el despojo sea considerado un delito grave y que las penas vayan de los cinco a los 10 años de cárcel cuando se realice en contra de una persona adulta mayor; con violencia física o mediante el rompimiento de cerraduras, forzando de puertas o a través de intimidación.
Asimismo, cuando el despojo sea clandestino, aprovechando la ausencia de la persona poseedora o propietaria legítima; con engaños o abuso de confianza; o bien cuando se haga uso ilegítimo de la fuerza pública (sin orden judicial válida o con documentos apócrifos).
Adicionalmente, contempla acelerar los procedimientos judiciales para la restitución de la posesión cuando la persona denunciante acredite la propiedad del inmueble.
También de la bancada de morena, el legislador José Miguel Gutiérrez Morales planteó elevar el despojo a delito grave y sancionarlo sin importar si el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa.
Las sanciones serían de hasta 17 años de cárcel y 678 mil 840 pesos (seis mil unidades de medida de actualización) en el caso de quienes dirijan la invasión y de las personas autoras intelectuales.
Propone ampliar los supuestos jurídicos en este delito, reconociendo, además de los vigentes, el desvío o uso de aguas propias o ajenas en los casos en que la ley no lo permita, el uso de una persona del derecho real sobre aguas que no le pertenezcan, así como ejercer actos de dominio que lesionen un derecho legítimo de la persona usuaria de dichas aguas.
De la bancada de MC, la legisladora Ruth Salinas Reyes formuló penas de hasta 25 años de prisión y de 500 días multa a la persona responsable de este delito, considerando agravantes como en el caso de que se trate de la ocupación de inmuebles privados destinados a la vivienda o a la explotación agrícola, por parte de personas adultas mayores, mujeres, indígenas o en situación de vulnerabilidad.La parlamentaria indicó que su propuesta también considera que estas sanciones sean para las personas servidoras públicas por autoría o participación que instiguen a la ocupación del inmueble y cuando el despojo se realice por dos o más personas.
Así como elevar las sanciones cuando se trate de un predio que por decreto del Ejecutivo estatal haya sido declarado área natural protegida.En materia de puntos de acuerdo, la diputada Lilia Urbina Salazar (PRI) solicitó que el Congreso exhorte a la Secretaría de Seguridad estatal para implementar una estrategia interinstitucional, con acciones conjuntas entre los gobiernos federal y municipales, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial, a fin de prevenir, investigar, perseguir y sancionar este delito, con especial atención en el Valle de México.
Explicó que la estrategia debe considerar la implementación de medidas preventivas, a través de campañas informativas, asesoría jurídica, operativos de vigilancia y atención prioritaria a reportes; capacitación continua a policías estatales y municipales, para la correcta identificación del delito y la oportuna canalización de denuncias, además de la creación de una unidad especializada de la Fiscalía, dotada de personal capacitado para la atención inmediata y profesional de las denuncias, así como para la adecuada integración y judicialización de las carpetas de investigación.
