En el Congreso no se ponen de acuerdo sobre sanciones por no usar cubre bocas
Mientras la mayoría de los legisladores exhortaron a los
ayuntamientos a no sancionar a quienes no usen cubre bocas, los panistas insisten en imponerlas
Por: Carolina Sosa
Por considerar que el uso de cubre bocas reduce la propagación del
SARS-CoV-2, los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso
del Estado de México promovieron una iniciativa para regular el uso de las
mascarillas y hacerlo obligatorio en el Estado de México.
La diputada Karla Fiesco, a nombre de la bancada dijo que sería una
medida sanitaria indispensable para mitigar la propagación del contagio de
Covid-19 en espacios y vías públicas, establecimientos comerciales y los
diversos sistemas de transporte público.
Contraviniendo al exhorto que aprobó la Legislatura por mayoría el mes
pasado, donde los morenistas exigieron a los ayuntamientos dejar de
imponer sanciones a quienes omiten el uso, los diputados panistas
presentaron en sesión ordinaria el documento que propone que el
Ejecutivo tenga la obligación de distribuir de forma gratuita entre la
población mexiquense cubre bocas, protectores faciales o mascarillas.
Karla Fiesco recordó que el Estado de México se encuentra en el segundo
lugar con más fallecimientos, con el 13% del total en el país y también está
en el segundo lugar de contagios, con el 12 % nacional.
Por lo anterior, añadió, en un ejercicio responsable de facultades y
atribuciones legales, pero sobre todo de solidaridad hacia los
conciudadanos, los diputados plantearon el uso obligatorio de cubre bocas
como una medida sanitaria indispensable para mitigar la propagación de
su contagio en espacios y vías públicas.
De igual forma, propusieron capacitar a los servidores públicos encargados
de verificar el cumplimiento de las medidas de prevención y contención, a
fin de actuar de forma responsable y apegados al marco legal.
Así como la difusión de información sobre la importancia de portarlo,
estableciendo su uso obligatorio en los espacios públicos, establecimientos
comerciales y el transporte público.
También, la fracción parlamentaria consideró la aplicación de sanciones
bajo la estricta necesidad, proporcionalidad y legalidad como lo refiere la
recomendación general de la Comisión de Derechos Humanos (Codhem),
donde establece que el gobierno del Estado y los municipios podrán
amonestar y en caso de reincidencia hasta por una ocasión, se impondrá
una multa equivalente de 435 pesos a 870 pesos o trabajo en favor de la
comunidad.
