Denuncian diputados ser víctimas de hostigamiento
CIUDAD DE MÉXICO, junio 16 (EL UNIVERSAL).- La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aseguró que hay «constante hostigamiento» contra legisladores, por lo que llamó a autoridades de los tres niveles de gobierno a frenar el «abuso del poder del Estado» y garantizar la integridad de estos representantes de la Nación en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo a la Junta, este acoso lo han vivido al menos tres diputados, dos detenidos por policías estatales y municipales, y una que víctima de una campaña de hostigamiento.
Entre los casos mencionados por la Jucopo está el del diputado Jorge Luis Montes Nieves, de Morena, quien en mayo fue detenido por policías del municipio de Ezequiel Montes, Querétaro.
Según la Jucopo, el legislador fue detenido “de manera arbitraria, ilegal y con lujo de violencia «cuando presuntamente intentaba asistir a dos ciudadanos que habían sido aprehendidos sin justificación», aunque la autoridad local aseguró que el diputado intercedió para proteger a personas que bebían en la vía pública.
Otra fue la situación que enfrentó la diputada del PRD, Frida Esparza Márquez, «víctima de una campaña de hostigamiento desde la agencia de noticias, Notimex, luego de que en ejercicio de su libertad de expresión se pronunciara por el esclarecimiento de los despidos al interior de la institución».
Un tercer caso ha sido el del diputado del Partido del Trabajo, Emilio Manzanilla Téllez, quien aseguró que fue víctima de agresiones físicas por parte de elementos de la policía estatal en Maravatío de Ocampo, Michoacán, el pasado 29 de mayo.
Los coordinadores parlamentarios aseguraron que han sido distintas las formas y niveles de gravedad en que diputados de varias bancadas han sido víctimas de hostigamiento, acoso, difamación y violencia física en el ejercicio de sus facultades como representantes populares.
Por eso condenaron esas acciones y llamaron a frenar, «el abuso del poder del Estado para causar intimidación o limitar el ejercicio de los derechos de los legisladores», y por el contrario, velar porque todas las personas «públicas y privadas» puedan ejercer sus garantías en condiciones de igualdad y seguridad.
