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Politiquerías

Por: Redacción

En esta columna no emitimos opinión alguna, solo reproducimos las notas de chismes de la grilla y los acontecimientos importantes de la política nacional e internacional.

• AMLO tiene “poco qué presumir” en lucha contra corrupción, afirma el Financial Times.

• Human Rights Watch condena que titular de la Sedena diera respaldo a la 4T.

• Armerías de EU piden desestimar demanda de México; hay argumentos vagos, alegan.

• Declara AMLO de seguridad nacional todos los proyectos de infraestructura de su gobierno.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la lucha anticorrupción su caballo de batalla. Incluso en la IX Cumbre de Líderes de América del Norte justificó en esos términos su reforma eléctrica. Sin embargo, de acuerdo con un artículo de Christine Murray, publicado hoy en el diario británico Financial Times, el mandatario tiene “poco qué presumir”. La periodista recuerda el caso de Emilio Lozoya, el ex jefe de Pemex, la petrolera estatal, y quien tras ser extraditado desde España, desde hace más de un año, anduvo sin problemas en México, hasta que se dieron a conocer fotos suyas comiendo en un restaurante de lujo, que indignaron a la opinión pública. Sólo entonces se solicitó su detención preventiva. “Los analistas afirman que hay pocos avances en el país de los que se pueda presumir. México lleva mucho tiempo plagado de corrupción, desde sobornos para evitar multas por exceso de velocidad hasta robos multimillonarios en contratos de obras públicas. Cada año, los mexicanos pagamos cientos de millones de dólares en sobornos a los funcionarios públicos por trámites básicos del día a día, como la creación de una empresa o el pago de los impuestos de los automóviles, según estimados del organismo de estadísticas INEGI. Transparencia Internacional sitúa a México en el puesto 124 de 180 países”, señala el artículo. La lucha anticorrupción, insiste, es más bien una “estrategia profundamente influenciada por la política, y con poco qué mostrar”, a pesar de que durante su discurso ante Naciones Unidas, López Obrador presumió la lucha anticorrupción emprendida por la Cuarta Transformación. La realidad, explica Murray, es muy distinta. Como ejemplo, señala que, en dos años y medio, el fiscal anticorrupción sólo ha logrado dos condenas por delitos y los casos de alto perfil avanzan con lentitud. Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional en México, dijo al diario financiero que el actual gobierno “no tiene una política de persecución penal; eligen los casos por razones muy poco claras. Esa arbitrariedad es una mala señal en una fiscalía”. El artículo advierte del “aparente patrón de exoneración de aliados políticos y la persecución de críticos del gobierno y opositores políticos”, tanto por parte de la administración como de los fiscales federales que, en teoría, actúan de forma independiente. Miguel Alfonso Meza, ex abogado de la sociedad civil que trabaja actualmente en el gobierno municipal de Monterrey, dijo al Times que el combate a la corrupción no existía, ni antes, ni ahora. “Antes no se combatía la corrupción para que la gente en el poder pudiera ganar dinero ilegalmente. Ahora no se combate para que el grupo en el poder se consolide, pero además para dañar la democracia y perseguir a los críticos”. López Obrador, resalta el artículo, asegura que “no se está protegiendo a nadie”. También, dice, y tiene credibilidad en ello, en que no le interesa amasar dinero para él mismo. El problema, advierte la periodista, “es que las instituciones carecen de la independencia o los recursos necesarios para sostener una verdadera lucha anticorrupción, según los activistas”. Por ejemplo, explica, “las miles de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han dado escasos resultados en casos penales. A principios de este mes, su director, Santiago Nieto, dimitió tras ser reprendido por el presidente por su fastuosa boda en Guatemala”. El artículo señala que, además, el mismo presidente mexicano “ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción –destinado a coordinar diferentes instituciones al calificarlo como la ‘gota que colma el vaso’ en una lucha anticorrupción fingida”. Edna Jaime, directora del centro de estudios México Evalúa, dijo al Times que “seguimos teniendo el mismo problema, no tenemos instituciones… que realmente funcionen. El presidente no ha invertido nada de su capital político ni de sus recursos, no es parte de su proyecto fortalecer estas instituciones”.

Human Rights Watch (HRW) condenó este lunes que el secretario de la Defensa Nacional (Sedena) de México, Luis Cresencio Sandoval, diera respaldo al partido gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) durante un acto público.

“El general Sandoval, jefe de las Fuerzas Armadas de México, durante la celebración del Día de la Revolución, respaldó y se identificó públicamente con AMLO (Andrés Manuel López Obrador) y su proyecto político. Cuando los militares se meten en política partidista la democracia peligra”, escribió José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW para las Américas, en Twitter. El titular de la Sedena defendió el sábado, durante el acto de celebración del aniversario 111 de la Revolución de 1910, “la transformación que actualmente vive el país” y la participación de las Fuerzas Armadas. “El interés nacional está y siempre estará por encima de cualquier otro, o de conjeturas que pudieran hacerse sobre nuestro trabajo, porque las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tenemos claro que la subordinación al poder civil es norma, responsabilidad y convicción”, manifestó. Además, llamó a los mexicanos a unirse a la “cuarta transformación” de México, proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad, esta realidad que cada día sea más prometedora”, dijo Sandoval en su discurso. En el Zócalo de Ciudad de México, ante miles de asistentes y soldados participantes, López Obrador destacó el “nuevo orden social” creado por la Revolución, en la que Francisco I. Madero terminó con la dictadura de tres décadas de Porfirio Díaz. El mandatario considera la Revolución mexicana como la “tercera transformación” de México, tras la lucha de Independencia de 1810 y la Guerra de Reforma de 1857. López Obrador, quien dice encabezar ahora la “cuarta transformación” de México, homenajeó la efeméride por instaurar “mayor movilidad y justicia”. Desde que el secretario de Defensa Nacional pronunció dichas palabras el pasado sábado, recibió críticas por parte de políticos, académicos y especialistas que calificaron como “muy preocupante” las palabras del general, ya que representa a una institución del Estado que debería ser neutral.

Las empresas armamentísticas de Estados Unidos acusadas por el gobierno mexicano de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas pidieron a una corte de Boston que se desestime el caso y no se tome en consideración, alegando que ninguna de ellas promueve ni facilita el acceso de grupos del crimen organizado a las armas que ellos fabrican, así como que México se equivocó en presentar la demanda en una corte que no tiene jurisdicción para el caso que presenta. ‘Este lunes era la fecha límite para que la decena de empresas armamentísticas, que se calcula que son productores de al menos el 68% de las más de medio millón de armas que se introducen ilegalmente a México cada año, presentaran sus argumentos sobre su posición en el caso, y todas coincidieron de que los supuestos defectos y falta de concreción en sus acusaciones como para que el caso pueda ser tomado en cuenta en una corte federal de Massachusetts. Cada fabricante de armas, así como el distribuidor Witmer, presentó su propio argumentario ante la corte: decenas de páginas que se regían por las mismas razones por las cuales la demanda mexicana no tiene razón de ser: falta de jurisdicción y fundamento en el reclamo, según pudo comprobar el periódico El Universal tras revisar todos los documentos presentados ante la justicia. Entre otras justificaciones, tal y como se plantea en el documento presentado por Witmer, “el demandante (el gobierno de México) hace reclamos vagos, demasiado amplios y que abarcan contra todos los demandados; es imposible determinar qué causas o acciones se dirigen realmente a Witmer”, así como carece de “acusaciones específicas directas” contra la empresa, una afirmación que repiten varias de las empresas fabricantes de armas.

La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. En el documento, publicado en la versión vespertina de este lunes del DOF, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. Señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. “Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”. El acuerdo no lo menciona, pero la más grandes obras de infraestructura del presidente son la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles. El acuerdo, suscrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entra en vigor este martes, estipula que la autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.

El polémico acuerdo ha generado diversas reacciones de especialistas y el circulo rojo, en resumen, cuestionan el decreto, y alertaron que ello abre la puerta a la opacidad en las obras.

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