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Por: Redacción

En esta columna no emitimos opinión alguna, solo reproducimos las notas de chismes de la grilla y los acontecimientos importantes de la política nacional e internacional.

• Costosa descentralización pública de AMLO suena a capricho.

• Éxito en Washington, pero México desangrándose.

• Discutirá Corte vínculos de la UAEM con la Estafa Maestra.

• Lleva México a la ONU debate por tráfico de armas.

Se dice que a tres años de que termine la administración de Andrés Manuel López Obrador, el plan para descentralizar las dependencias federales, cuyo costo se estima en más de 127 mil millones de pesos, sigue en pie y tal cual lo prometió desde que era presidente electo. Desde hace algunas semanas los titulares de las principales oficinas del gobierno federal recibieron la instrucción de Palacio Nacional para enviar a sus equipos de trabajo a los correspondientes estados. Los recursos necesarios para completar el plan de descentralización de AMLO equivalen a poco más del total de los que Nuevo León tendrá para el ejercicio del siguiente año. También representan 2% del denominado “Presupuesto del Bienestar” que se ejercerá en 2022, el más grande Paquete de Egresos del que se tenga registro en la historia. En tiempos de austeridad franciscana y con un Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 que muy probablemente no empatará con los ingresos esperados, la descentralización que persigue el presidente suena a capricho.

Ni duda cabe de que al presidente López Obrador le fue muy bien en sus primeras reuniones trilateral y bilaterales con Joe Biden y Justin Trudeau. Contra los pronósticos, que le anunciaban una visita tensa por temas como la reforma eléctrica o su respaldo al régimen de Cuba, el mandatario mexicano tuvo una visita redonda a Washington y logró posicionar no sólo sus temas y su agenda en la cumbre trilateral, sino que además obtuvo compromisos para un plan de ayuda a Centroamérica, con dinero de Estados Unidos y Canadá, apoyo canadiense para rehabilitar plantas hidroeléctricas en México y hasta un posicionamiento importante en cuanto a la necesidad de aumentar la competitividad y la integración económica y laboral de Norteamérica frente a la amenaza China. Pero ahora tal vez es momento de que el presidente López Obrador deje de ver menos por el resto del mundo y más por los mexicanos que nos estamos desangrando por la violencia del narcotráfico y la ausencia de un Estado que nos proteja y nos dé seguridad. Si la mejor política exterior es la interior, como dijo él mismo, entonces primero que resuelva la pobreza y la marginación que han crecido en México, según los datos del Coneval y del Inegi, aun con sus entregas directas de dinero a los sectores vulnerables. Pero lo más urgente y lo que el presidente no quiere ver mientras regresa al país desde el extranjero como un torero al que le lanzan flores, es la sangre, la indefensión y el miedo de los ciudadanos que sigue dominando amplias regiones del territorio nacional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará si el ex apoderado legal de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, debe pagar 157.5 millones de pesos por el daño ocasionado en el caso conocido como la Estafa Maestra. El próximo miércoles, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentará a sus compañeros en la Primera Sala un proyecto de resolución con el que la Corte puede poner fin al litigio iniciado por Del Pozzo Rodríguez, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Desde 2019 los magistrados del TFJA confirmaron la responsabilidad resarcitoria a cargo del ex apoderado legal de la UAEM por el caso de la Estafa Maestra, impuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En su resolución, el TFJA declaró que el ex funcionario incurrió en omisiones al no supervisar la correcta integración y puesta en marcha de ventanillas de atención para el padrón de beneficiarios al programa de Pensión para Adultos Mayores al esquema de inclusión financiera, conforme al convenio que la UAEM firmó con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en febrero de 2013. Asimismo, concluyó que realizó cobros injustificados, porque las ventanillas no fueron abiertas o lo hicieron de forma parcial, lo cual provocó que no cumpliera la meta de incorporar a un millón 600 mil beneficiarios al programa. “Originó cobros injustificados a la citada secretaría durante el tiempo que el hoy actor se desempeñó como director de recursos financieros de la UAEM y asesor de la Secretaría de Administración de dicha universidad”, señaló el tribunal. El abogado acudió a la Corte en un último intento por revocar la millonaria sanción y será hasta este miércoles que la Primera Sala dé a conocer el sentido del proyecto de Pardo y emitirá votación. La UAEM fue señalada por la ASF durante la revisión de la cuenta pública de 2013, de celebrar 28 convenios con 10 instancias gubernamentales, como la Sedesol, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), entre otras. Estos convenios fueron irregulares debido a que, entre sus observaciones, la ASF concluyó que la UAEM no contaba con la capacidad para cumplir los objetivos y realizaron subcontrataciones ilegales. Este esquema es conocido como la Estafa Maestra y de esos convenios con las dependencias la UAEM se quedó con 280 millones 268 mil 900 pesos, mientras que el convenio más alto que firmó fue con la Sedesol, secretaría federal encabezada entonces por Rosario Robles Berlanga, por un monto total de 335 millones de pesos, uno de los más altos en este tipo de instrumentos jurídicos utilizados para el desvío de recursos.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezará este martes en la sede la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el debate abierto “El impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad”. En el marco de la presidencia de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller llamará a los países miembros, permanentes y no permanentes, a fortalecer la cooperación y la acción conjunta para prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras. La SRE informó que el Estado promueve en diversos foros y organismos acciones contra el tráfico de armas de fuego, dado que éstas nutren la violencia en nuestro país y son el vehículo para la comisión de miles de homicidios en territorio nacional cada año. El canciller Marcelo Ebrard ha tenido semanas de notorio protagonismo: Este lunes Marcelo acudió al Consejo de Seguridad de la ONU para abordar lo que tendría que haber abordado el presidente López Obrador cuando estuvo ahí hace dos semanas: el tema de las armas y el proceso que inició México contra los fabricantes de armamento que terminan, de una forma u otra, exportando ¡legalmente esas armas a los narcotraficantes mexicanos. La idea es no sólo avanzar en un juicio muy difícil de ganar (será largo, costoso y sería histórico hacerlo), sino exhibir una realidad y presionar para que se adopten medidas ante ella. Medidas que exigirán también reciprocidad. Se prevé que este martes contesten las 11 empresas fabricantes y distribuidoras de armas demandadas ante una Corte federal en Boston, Massachusetts, por el gobierno de México. Negligencia, tráfico y transporte ilegal de armas hacia México son los delitos que se imputan, por 500 mil armas que al año entran y que se utilizan para, al menos, matar a 20 mil mexicanos. Y podrían ser más. Marcelo Ebrard Casaubon estará hoy en la sede de la ONU, donde encabezará el reclamo, el debate, sobre el tráfico de armas.

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