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Grillas y otros chismes

Por: Redacción

En esta columna no emitimos opinión alguna, solo reproducimos las notas de chismes de la grilla y los acontecimientos importantes de la política nacional.

Estimados lectores, aquí les traemos lo más fresco de los chismes y las grillas del día.

• 366 millones de pesos pagados a empresas por asignación directa por dependencias de la 4T.

• Este viernes va el proyecto de AMLO para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.

• López Obrador se molestó por las denuncias ciudadanas sobre la toma de fotos en la vacunación anticovid-19.

• Magistrados del Tribunal Electoral resolvieron que el INE “no tiene facultades” para suspender las mañaneras.

Trascendió que una investigación desarrollada por Quinto Elemento Lab (https://quintoelab.org/project/crean-negocios-al-vapor-para-ganar- contratos-con-el-gobierno-de-amlo) dio a conocer que 171 compañías creadas entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019 recibieron durante el primer año del gobierno de la 4T transferencias económicas por un monto global de 366 millones de pesos por parte de 92 dependencias. En total, estas compañías captaron 561 contratos gubernamentales durante el primer año de gobierno, y siete de cada diez fueron adjudicados directamente por las dependencias, es decir, sin que mediara una convocatoria pública, de acuerdo con una revisión en la base de datos de Compranet. Quinto Elemento Lab detectó la fecha de creación de estas compañías al examinar en Compranet las claves alfanuméricas del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los nuevos proveedores gubernamentales, y desentrañó quiénes son los socios y empresarios que fundaron estas sociedades al revisar más de un centenar de documentos patrimoniales en registros públicos de México, Estados Unidos y Panamá.

Del total de contratos otorgados a estas empresas que nacieron poco antes de la llegada del nuevo gobierno y durante todo el primer año de la Administración, 398 (71%) fueron asignados por adjudicación directa; 92 (16%) bajo el sistema de invitación a tres personas, y sólo 71 (13%) de ellos fue concursado bajo un proceso de licitación pública. Antes de que llegara a Palacio Nacional, López Obrador solía criticar la asignación de contratos gubernamentales sin concurso, pero en abril de 2019 el presidente justificó el método de las adjudicaciones directas en su gestión, pues tenía el objetivo de “combatir la corrupción”. El presidente acusó que gobiernos anteriores simulaban procesos de licitación que en realidad favorecían a empresas extranjeras y su gobierno lo hace peor.

Se dice que a pesar de todas las voces que se han manifestado en contra de proyecto reforma eléctrica de AMLO, y de las alertas que podría violar tratados comerciales internacionales, así como generar pérdidas millonarias para México, los diputados federales de Morena lo cumplieron y solamente le hicieron cambios mínimos a la iniciativa preferente del presidente López Obrador, para reformar la Ley de la Industria Eléctrica para desplazar a la iniciativa privada y favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de energía. Trascendió que el pasado miércoles, fue circulado entre los integrantes de la Comisión de Energía el dictamen de la iniciativa presidencial que busca reformar la Ley de la Industria Eléctrica y que se perfila aprobar el próximo viernes en una sesión ordinaria. Entre los cambios más destacados que se hicieron en este proyecto presidencial se encuentra la adición de un segundo artículo transitorio para que “todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto de este decreto, quedarán derogadas”.

Trascendió que el gobierno de la 4T ya no tomará fotografías a los adultos mayores que acudan a vacunarse contra Covid 19, informó el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Al responder una pregunta en la conferencia de prensa diaria sobre Covid desde Palacio Nacional, López-Gatell dijo que es indispensable que las personas queden registradas porque se necesita dar seguimiento para la aplicación de la segunda dosis. Sin embargo, enfatizó que no es necesario tomar fotografías, y no debe restringirse el acceso a la vacuna a quien tome la decisión de que no se le tome la fotografía a su credencial o a su persona. “No vamos a seguir tomándolas”, dijo López-Gatell. El subsecretario afirmó, sin embargo, que sí es indispensable aportar el CURP, nombre, domicilio y teléfono. Y por otra parte, sin explicar con claridad para qué quieren un registro documental basado en los datos de la credencial de elector y en la toma de fotografías sin cubrebocas a los adultos mayores que están siendo vacunados en todo el país, el presidente López Obrador se molestó por las denuncias ciudadanas y periodísticas que consignan las dudas y molestia de muchos adultos mayores que no están de acuerdo con que les condicionen la vacuna a la toma de fotografías, tanto de su rostro, como de sus credenciales del INE. Y es que López Obrador asegura que, sin desmentir esa práctica de los Servidores de la Nación que coordina Gabriel García, y de la Secretaría del Bienestar que dirige el ausente Javier May, los datos y registros que están obteniendo estas dos áreas de su gobierno “no serán usados con fines políticos ni electorales”, aunque tampoco explica para qué quieren ese registro que invade la privacidad y la protección de datos personales de los adultos mayores que son vacunados. Nadie en el gobierno ha dado hasta ahora una explicación clara y convincente de para qué se necesita que cada persona que es vacunada, sobre todo entre los grupos de mayor edad donde curiosamente se ubican buena parte de los votantes del lopezobradorismo, quede consignada con su imagen y sus datos personales de la credencial de elector en un registro o padrón que ni siquiera lleva la Secretaría de Salud, que eso podría tener cierta lógica, sino que es levantado, almacenado y procesado por las dos áreas que manejan los programas sociales, y particularmente por la estructura político-electoral de este gobierno que son los “Servidores de la Nación” que son los mismos que promovieron el voto a favor de López Obrador en 2018 y que son manejados por uno de los operadores políticos y electorales del presidente, Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de la Presidencia, y que hasta ahora ha manejado en la total opacidad, con criterios discrecionales y un gasto administrativo caótico del presupuesto federal por tres mil millones de pesos, según documentó la Auditoría Superior de la Federación, a esa estructura de brigadas gubernamentales que por momentos se fusionan y confunden con los operadores de tierra del partido Morena. Así es que, si el presidente López Obrador ha dicho, como ayer, que “sería lo peor lucrar con la vacuna contra el Covid con fines electorales”, debería empezar por investigar bien quién de su gobierno ha dado las órdenes para estar fotografiando y robándole sus datos a los adultos mayores vacunados, si es que no ha sido él mismo. Como dice el refrán, no hagas cosas buenas que parezcan malas, si es que de verdad no son malas.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron que el INE “no tiene facultades” para declarar una medida cautelar que nombró inhibitoria, porque los consejeros electorales, según el Tribunal, “no tienen bases legales para prohibir conductas y no están facultados para determinar qué es propaganda gubernamental”. El fallo es muy importante porque, aunque no es definitivo, es el adelanto de lo que, todo indica, podría venir la próxima semana: que los magistrados electorales definan si las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador son o no un acto de “propaganda gubernamental” y si por lo tanto debieran ser suspendidas en sus transmisiones completas por medios y redes sociales, tal y como lo ordenó el INE en su medida cautelar que ya fue desconocida. El fallo del TEPJF será clave para desmentir o confirmar la versión que dice que este Tribunal, con su mayoría de magistrados, ya está en los brazos de la 4T, como varios ministros de la Suprema Corte.

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