El Congreso juega ping-pong con la IP y ésta guarda silencio
En los últimos 10 días de sesiones en el Congreso de la Unión se aprobaron muchas reformas, casi todas ellas ignorando las mejores prácticas parlamentarias y hasta criterios de la Suprema Corte con relación a procesos legislativos, sobre todo con lo acontecido el sábado en el Senado, de madrugada, cuando el bloque oficialista (Morena-PT-PV) organizó una “aplanadora” legislativa.
Varias de las reformas aprobadas afectan a la iniciativa privada (IP): las modificaciones a los regímenes de la minería, aviación, aeropuertos e investigaciones científicas y académicas.
Y, desde luego, el dictamen que en Diputados —y sin un voto en contra— aprobaron todos los partidos para reducir la jornada laboral de seis a cinco días por semana y de 48 a 40 horas a la semana, lo que implicará pagos extraordinarios.
Todas estas modificaciones, sin foros públicos y mucho menos intentando entender sus repercusiones en la IP, ocasionarán un impacto en sectores relevantes de la economía. Por ejemplo, el minero representa 4% del Producto Interno Bruto y, según la página de la Secretaría de Economía, era “el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo”. Digo que era pues la nueva ley prohíbe la exploración privada. Ya sólo la podrá hacer el Servicio Geológico Mexicano (que ni presupuesto tiene).
Ante tantos cambios, uno esperaría que la IP fuera vocal y señalara las afectaciones que sufre, como sucede en cualquier régimen democrático. Pero no, aquí la IP se queja de a montones en privado, pero guarda silencio en lo público.
La Cámara Minera de México, a la que se le había dicho que en este periodo no habría ley para abrir un espacio de reflexión, la engañaron y le pasaron la “aplanadora”. Recibieron a su presidente unos minutos en la Cámara de Diputados y, a pesar de las afectaciones que sufrirá, sacó un comunicado en el que “reconoce el espacio de diálogo por el gobierno federal”. Nada dice de la ley aprobada, pero agradece los minutos que le dieron. De dar pena.
El resto de las cámaras sectoriales —la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y hasta la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior— prefirieron guardar silencio. El papel de los organismos cúpula del sector privado también fue nulo.
El Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que dirige Rolando Vega Sáenz, y cuyo portal dice que mantiene “un diálogo abierto y continuo con representantes del gobierno” fue ignorado y ningún pronunciamiento realizó.
El otro organismo cúpula, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside el habilidoso Francisco Cervantes, de menos sacó un escueto comunicado que titula ‘El CCE desaprueba las violaciones al proceso legislativo en la reciente aprobación de reformas en el Congreso’, pero en el desarrollo del comunicado señala que “no se respetó el proceso legislativo, pues no se privilegió el diálogo de todas las fuerzas políticas… (por lo que) exhorta a los legisladores a analizar puntualmente todas y cada una de las iniciativas de reforma de manera objetiva” (sic). Así, un día después de ser aprobadas, pide que sean analizadas (¿?) y, el problema, según el CCE, es que entre legisladores no se hablan. Nada dice de las violaciones al proceso legislativo, del aumento en la discrecionalidad y afectaciones a cientos de empresas.
Algunos dicen que la estrategia de las cámaras es una de bajo perfil y que esto les da mayor margen de éxito con el gobierno y su bloque legislativo. Otros dicen que, sencillamente, a las cámaras empresariales y a las empresas que representan les da miedo contrariar a la 4T.
Después de no ver ninguna reacción de la IP, es probable que la 4T siga con su agenda de reformas. No tiene ningún costo para ellos seguir adelante. Cualquier gobierno haría lo mismo ante la nulidad de la IP y todo quedará en las impugnaciones que haga la oposición —ante el Poder Judicial Federal— y las críticas que aparecen en medios de comunicación.
Para el registro histórico queda la sumisión de la actual IP ante el sector público y lo hábil que fue la 4T en asegurar su silencio. ¿Qué sector empresarial seguirá? Cualquiera.
