Congreso del Edomex aprueba iniciativa de Max Correa para que sean obligatorios los informes anuales de los diputados
EULALIO VICTORIA
Deberán presentarse dentro de los dos primeros meses posteriores a la conclusión del año legislativo inmediato anterior.
La Legislatura del Estado de México aprobó establecer como obligación de las y los diputados rendir a la sociedad un Informe anual de Actividades Legislativas y de Gestión, iniciativa impulsada por el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Max Correa Hernández, a fin de impulsar la transparencia y rendición de cuentas.
Tras el estudio y análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, señalaron que son procedentes las reformas, para establecer como obligación de las y los diputados rendir un Informe anual de actividades legislativas, y de gestión, dentro de los dos primeros meses posteriores a la conclusión del año legislativo inmediato anterior, del cual deberá enviar una copia a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.
Este informe se publicará en la Gaceta Parlamentaria, en esta precisó se podrá publicar los informes anuales sobre la actividad legislativa y de gestión, que presenten las y los diputados.
De acuerdo al análisis y valoración de los argumentos, acordaron que, la conducta de todo servidor público en ejercicio de su cargo, debe ser supervisada pues está bajo la mirada y escrutinio de la sociedad y debe conducirse con la mayor objetividad pues le corresponde atender la encomienda pública.
Coincidieron en que, es fundamental la asociación entre la democracia representativa y la democracia participativa que permita construir políticas públicas eficaces y dar respuesta a las demandas y necesidades de la población.
Sin duda, uno de los pilares del Estado Democrático es el de la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio público, de tal manera que las acciones gubernamentales y administrativas estén al alcance del público en forma clara, accesible y veraz, y sean conocidas por los gobernantes y permitan valorar su desempeño, se señala en el decreto.
También coincidieron en que, construir un mejor gobierno implica la apertura de su actuación al escrutinio público a través de mecanismos que garanticen a los ciudadanos accesibilidad total al ejercicio de la función pública e impulsen esquemas de corresponsabilidad en la elaboración de políticas públicas encaminadas a la formación de una conducta ética en el funcionamiento administrativo, transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos, así como la rendición de cuentas.
