Diputados piden la destitución de Maribel Cervantes, titular de la Secretaría de Seguridad
El motivo es que no pudo garantizar la integridad personal de Arturo “N”, presunto homicida de Luis Miranda Cardoso, ex presidente del TSJ
Por: Carolina Sosa
Los integrantes de la Diputación Permanente, tras condenar el homicidio de Luis Miranda Cardoso, ex presidente del Poder Judicial del Estado de México, pidieron la separación del cargo de Maribel Cervantes Guerrero, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a fin de facilitar a la FGJEM la investigación del supuesto suicidio del homicida Arturo “N”.
Gerardo Ulloa Pérez, a nombre de los integrantes de la Diputación Permanente recordó que el pasado 11 de agosto, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Sector Popular de Toluca, fue localizado el cuerpo sin vida del ex magistrado Luis Miranda Cardoso,
En tanto, el 16 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informó en un comunicado la detención de Arturo “N”, luego de una “eficiente investigación”, y horas después determinó su presunta responsabilidad en el homicidio del ex magistrado.
La fiscalía mexiquense remitió a esa persona al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, por el presunto delito de homicidio, pero la mañana del 18 de agosto, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a través de una tarjeta informativa, dio a conocer que el presunto homicida había sido encontrado sin vida en su celda.
El legislador de Morena consideró que Arturo “N” no era un interno común, era el presunto responsable del homicidio de un hombre que presidió el poder judicial en la entidad mexiquense, y el padre de un político del más alto nivel en el sexenio del ex gobernador mexiquense y ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. Por tanto, en este contexto y circunstancias, debía estar bajo vigilancia y cuidado especial para garantizar su integridad personal.
“Hoy reprobamos y condenamos los hechos que vienen ocurriendo al interior de los centros de reclusión estatal, que han demostrado la corrupción, el tráfico de influencias, el amiguismo que impera dentro del sistema penitenciario, como se evidenció con lo ocurrido al interior del Centro de Reinserción Social, Santiaguito, del Estado de México”.
No debe perderse de vista, añadió, que con base en el precepto constitucional invocado, que a partir de que una persona es privada de la libertad, pasa a ser tutelada y vigilada por el gobierno estatal, quien debe garantizar todas las condiciones necesarias para preservar su vida, seguridad y salud, entre otros.
Finalmente, en la sesión de la Diputación Permanente, los integrantes de la misma demandaron una investigación a fondo y hacer públicos los resultados de estos hechos, asimismo la separación del cargo de la titular de la SSC, Maribel Guerrero, en tanto la fiscalía deslinda responsabilidades.
