Agresores de mujeres no podrán ocupar cargos públicos
Morena propone que los hombres con antecedentes de
violencia familiar y violencia de género no podrán ser funcionarios de
gobierno
Por: Carolina Sosa
Los hombres con antecedentes de agresión por violencia familiar, delitos
contra la libertad sexual o violencia de género en cualquiera de sus
modalidades, así como los que tengan antecedentes como deudores
alimentarios no podrán ocupar cargos públicos en el Estado de México,
propuso la bancada de Morena en el Congreso del Estado de México.
El diputado Gabriel Gutiérrez Cureño, en representación de los morenistas,
dijo que es común que en el discurso los altos funcionarios públicos
condenen los tipos de violencia, aunque en la práctica la generen, la
consientan o no hagan nada para combatirla desde el ámbito de sus
atribuciones.
Es por ello que la propuesta refiere que quienes ocupen cargos públicos
en los órganos del poder legislativo, ejecutivo y judicial, así como en los
órganos públicos autónomos, no deberán contar con antecedentes de violencia familiar, de incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia sexual y violencia de género en cualquiera de sus modalidades.
Recordó que la violencia en contra de las mujeres en México, y
particularmente en la entidad es alarmante, pues más de la mitad de las
mexiquenses reporta haber vivido algún incidente de violencia en uno o
varios ámbitos, mientras que las estadísticas de homicidios dolosos de
mujeres registradas reflejan un incremento de más de 200%.
Sostuvo que desde la legislación se debe garantizar la idoneidad de las
personas que aspiran a ocupar y permanecer en dichos cargos, pues
desempeñar un cargo público no es un privilegio de la clase gobernante,
conlleva una gran responsabilidad para dar un trato digno a la ciudadanía.
“El mensaje que se transmite con la presente iniciativa es claro: impedir que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, violencia sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, ingresen al servicio público y permanezcan en él, al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de las mexiquenses”.
