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Reclaman maltrato a los presos del penal federal del Altiplano

Familiares de internos del penal del Altiplano piden la
intervención de la CIDH porque aseguran que los presos sufren maltratos
Por: Carolina Sosa

Nicolás García, familiar de uno de los internos del Centro Federal de
Readaptación Social Número 1 Altiplano, pidió la intervención de la
Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) y de la
Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración del gobierno
federal para cesar el maltrato contra los internos que prevalece desde el
mes de marzo, cuando inició la pandemia.

Explicó que bajo el argumento de que debían restringir las visitas de
familiares para evitar la propagación del SARS-CoV-2, comenzaron otras
restricciones, por ejemplo, les quitaron el agua caliente, las cobijas y no les
permiten atención médica a los internos. 

Dadas estas condiciones, dijo, hay huelgas de hambre dentro del centro
penitenciario y si bien rechazó que haya tortura, los internos han
manifestado que les dan toques con pistolas.

Estas condiciones, refirió, afectan al 80% de la población penitenciaria, por
lo que acudieron frente a la Cámara de Diputados del Congreso del Estado
de México, para exigir atención de las autoridades que junto con familiares
de otros internos, buscan el cese de personal directivo que en reiteradas
ocasiones ha incurrido en el mal manejo del centro penitenciario y
permiten o fomentan los malos tratos.

“Es por parte de la directora Martha Camarena Bahena que a su antojo
maneja a los directores y los custodios, quien les prohíbe la entrada a los
abogados y los familiares de los internos, porque antes los defensores
podían ingresar hasta cuatro veces por semana, ahora si acaso sólo
acceden dos ocasiones”.

Por lo anterior, dijo que solicitan la intervención de la Comisión
Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) para que indague y
enfoquen la vista a lo que ocurre ahí dentro. En especial, añadió, Alejandro
Encinas, quien es el encargado de los centros penitenciarios en el
gobierno federal, con la finalidad de que intervenga y apoye a los presos,
pues si bien cumplen una sentencia, son seres humanos que merecen un
trato digno.

Destacó que hay personas enfermas de depresión, padecimientos
estomacales u otros, pero no reciben atención médica y cuando los
familiares llevan alguna medicina prohíben el ingreso, aún si es para tratar
hipertensión.

“La doctora que se encuentra a cargo, Delia Martínez, impide el ingreso de
medicina que tampoco les proporciona el centro penitenciario, pero es bajo
el argumento de que nosotros –los familiares– vamos a entrar y contagiar a
los internos”.

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