Finanzas mexiquenses: avances en ingresos propios, pero persisten dudas sobre gasto en salud e infraestructura.
Una de las críticas más fuertes fue la reducción nominal de más del 50% en el presupuesto de salud para 2025, denunciada por la diputada Araceli Casasola (PRD), sin que haya una explicación convincente del impacto que esto tendrá en la población.
Fernanda Ruíz
Toluca, Estado de México, 9 de octubre de 2025.
Aunque el gobierno del Estado de México presume estabilidad financiera, eficiencia tributaria y crecimiento en inversión extranjera, durante la comparecencia del secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, en el Congreso local, diversas bancadas expusieron dudas persistentes sobre la opacidad, rezagos estructurales y reducción presupuestal en áreas clave como salud e infraestructura.
Los diputados de Morena y PVEM defendieron el desempeño financiero de la administración de Delfina Gómez Álvarez, destacando el aumento en ingresos propios y la falta de endeudamiento adicional. Sin embargo, el aumento en recaudación y ahorro fiscal no parece traducirse aún en mejoras palpables en servicios públicos, particularmente en un sistema de salud estatal que transita con dificultades hacia el modelo IMSS-Bienestar.
La propia Secretaría de Finanzas reconoció una reducción de 7 mil millones de pesos en el fondo destinado a salud, lo que, según admitió el funcionario, ha complicado la transición. La pregunta es evidente: ¿cómo se puede hablar de finanzas sanas cuando los servicios esenciales enfrentan recortes y precariedad?
Las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano señalaron posibles inconsistencias y falta de claridad en el manejo de los recursos. Una de las críticas más fuertes fue la reducción nominal de más del 50% en el presupuesto de salud para 2025, denunciada por la diputada Araceli Casasola (PRD), sin que haya una explicación convincente del impacto que esto tendrá en la población.
Además, desde el PRI se cuestionó un crecimiento superior al 700% en utilidades y rendimientos de inversiones financieras, sin una explicación clara de su destino. Este tipo de incrementos, sin transparencia ni mecanismos de evaluación, abren la puerta a dudas sobre el uso especulativo o discrecional de fondos públicos.
Otro punto crítico fue el planteado por el Partido del Trabajo (PT) sobre los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) heredados de anteriores gobiernos, calificados como “caja chica” de administraciones pasadas. Si bien el secretario de Finanzas informó que se han contemplado sanciones por incumplimientos y que hay una asignación actual de 5 mil 846 millones de pesos al programa Caminos del Sur, sigue sin esclarecer por qué se mantienen contratos que podrían implicar riesgos financieros y jurídicos para el estado.
A pesar del aumento en ingresos propios, varios legisladores cuestionaron la alta dependencia del Estado de México respecto a las participaciones federales, lo que vuelve frágil la estructura financiera estatal ante eventuales recortes desde la Federación. La falta de incentivos eficaces para que los municipios incrementen su recaudación propia también fue señalada como un pendiente.
Entre los anuncios más llamativos estuvo la introducción de tres nuevos estímulos fiscales —a empresas de cine no comercial, deportivas y maquila de exportación—, sin embargo, no se presentó un análisis sobre el impacto fiscal ni social de estas medidas. ¿Se trata de apoyos con beneficios reales o incentivos simbólicos sin capacidad transformadora?
Si bien el gobierno estatal ha logrado mantener indicadores financieros positivos y estabilidad presupuestaria sin recurrir a deuda adicional, la realidad en sectores como salud, infraestructura y transparencia del gasto exige más que cifras optimistas.
Mientras los ingresos aumentan y los números se mantienen en orden, las preguntas de fondo siguen sin respuesta: ¿a dónde se dirige el presupuesto público? ¿Se traduce en servicios eficientes, obras duraderas y bienestar social?
Sin claridad en estos puntos, las finanzas públicas del Estado de México corren el riesgo de convertirse en una vitrina contable, más preocupada por el equilibrio fiscal que por el impacto real en la vida cotidiana de las y los mexiquenses
