El impacto económico que hemos tenido desde que se implante el DUF en nuestra entidad
En estas últimas semanas hemos visto cómo tanto nuestro gobernador como los integrantes de la LX legislatura y agrupaciones empresariales han venido debatiendo el tema del Dictamen Único de factibilidad (DUF) para ver si lo desaparecen junto con lo que se hizo llamar Comisión Estatal de Factibilidad.
Ya que análisis presentados, principalmente por diputados de la bancada de Morena y algunas cúpulas empresariales, han determinado que dicho trámite, junto con su Comisión Estatal, ha venido espantando las inversiones para el Edomex desde que se implantó hace ya cuatro años, a finales del sexenio de Eruviel Avila. Como lo he venido comentando en este espacio, este importante requerimiento nació para controlar a las que dieron en llamar unidades económicas operando y por ubicarse.
Desgraciadamente, para éste, su servidor, se dio en un marco 100 % legal y nunca se contemplaron los aspectos técnicos-económicos que
conlleva, aunado a su mala planeación operativa, ya que inició para su control y regulación en la Secretaría de Desarrollo Urbano, en donde casualmente la dirige el maestro Enrique Jacob Rocha, para posteriormente encaminarlo a la Secretaría de Desarrollo Económico y, finalmente, para la sorpresa de todos, terminó en la nueva Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, ubicando a su Comisión Estatal de Factibilidad en varios lugares para su atención, y siendo burocrática e inoperante para atender miles de solicitudes de las unidades económicas a las que sus municipios se los pedía para poder extenderles sus respectivas licencias de funcionamiento, sobre todo para las minis y pequeñas unidades económicas que venían de diferentes partes de nuestro estado a sus únicas oficinas en Toluca a llevar a cabo dicho trámite. Hoy en día me sumo a la petición de exonerar de este trámite (DUF) a estas unidades económicas y que sus municipios la sigan controlando.
Y me opongo a dejar a su libre albedrío el control de las unidades económicas medianas y grandes, ya que éstas son las que presentan o pueden presentar problemas tanto con sus usuarios como con las autoridades municipales, estatales y federales en sus proyectos y operaciones.
Sobre todo hay muchas fallas o irregularidades en las desarrolladoras de unidades comerciales, habitacionales e industriales. Ya que por la ubicación en sus proyectos pudieran afectar sus entornos en los aspectos viales, medio ambiente y otros aspectos urbanos o regionales.
Los cuales debe de controlar, supervisar y autorizar en estos casos la Secretaría de Desarrollo Urbano, conjuntamente con las dependencias a las que de lugar en una forma profesional y expedita. Dando contestación, si no es ya a través de un DUF, que sea a través de un documento que ampare y corresponsabilice a las respectivas solicitantes en los permisos autorizados y entregados de buena fe, por dicha autoridad en lapsos no mayores a los 40 días hábiles de haber sido entregados y bajo la responsiva de un DRO (director responsable de obra).
